Jovanka Trebotich, directora de innovación y transferencia tecnológica Know Hub Chile
La publicación de la Ley N° 21.838 el 17 de septiembre de 2026 marca un hito significativo para el ecosistema de innovación en Chile. Con vigencia a contar del 1 de marzo de 2027, la norma establece un marco regulatorio para la transferencia de tecnología y conocimiento, normando a las empresas de base científico-tecnológica (EBCT), incorporando la Ciencia Abierta y creando el Repositorio Nacional en la ANID.
En el debate público suele celebrarse la promulgación legislativa como si fuera la meta alcanzada. Se asume que, al rayar la cancha, exigir el depósito de publicaciones científicas y promover el licenciamiento socialmente responsable, los resultados de la I+D pública fluirán de forma casi espontánea desde los laboratorios universitarios hacia la industria y la sociedad.
Sin embargo, esta mirada pasa por alto la “variable invisible”: las capacidades institucionales de absorción y la gestión del riesgo en el terreno. La ley fija exigencias, como los informes anuales que los ministerios de Ciencia, Educación y Economía rendirán ante el Congreso, pero no produce por sí sola la densidad relacional ni las competencias técnicas indispensables para empaquetar, valorar y negociar el conocimiento. El verdadero cuello de botella en Chile no ha sido la ausencia de un marco legal, sino la fragilidad de la intermediación tecnológica.
Aunque el texto reconoce la investigación como función universitaria fundamental e incentiva la vinculación territorial con pymes y sector productivo, se enfrenta a inercias conocidas. Sin incentivos que reconozcan la transferencia en la carrera académica y sin un firme apoyo a los gestores tecnológicos, la norma corre el riesgo de derivar en un mero cumplimiento burocrático de depósitos y reportes.
De cara a 2027, la prioridad debe centrarse en la reglamentación pendiente. Es indispensable definir mecanismos operativos sencillos para el licenciamiento responsable que incentiven la adopción sin trabar las negociaciones, además de fortalecer la capacidad de absorción en las pymes. La transferencia efectiva exige profesionalización e incentivos alineados.
La ley es un avance indiscutible. No obstante, las leyes no innovan. Innovan las personas e instituciones. El desafío para Chile no termina con la publicación en el Diario Oficial, sino en la capacidad colectiva de transformar esta arquitectura legal en soluciones reales para el desarrollo del país.
